Luego del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad realizado en agosto de 2008, uno de los compromisos emanados del mismo por parte del gobierno federal fue regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos relacionados con actividades delictivas.
De ahí nació el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Movil (Renaut), cuya finalidad según su página web era “ser un mecanismo que concentra la información actualizada de los usuarios de la telefonía móvil con el objeto de coadyuvar en la prevención, investigación y persecución de delitos como el secuestro y la extorsión, en los que frecuentemente se utilizan teléfonos móviles”.
Usted lo recuerda, ya que todo usuario e un teléfono celular tenía que registrar forzosamente sus datos, comprobándolos con una identificación oficial o la CURP, bajo la amenaza que de no hacerlo en cierto tiempo se cancelaría la línea.
Pero por qué decía que era… pues debido a que el día de ayer el Senado de la República aprobó desaparecer el Renaut, con lo cual termina un programa que desde el inicio pareció estar condenado al fracaso. Se establece un año de plazo a partir de su aprobación, para que dicho registro desaparezca. La reforma fue aprobada por 80 votos, y pasó a la Cámara de Diputados para su revisión.
La propuesta fue presentada por los senadores Alejandro González Alcocer (PAN), Tomás Torres Mercado (PRD) y Fernando Castro Trenti (PRI), y entre otras cosas contiene el otorgamiento de facultades al Ministerio Público para solicitar a los concesionarios del servicio de telecomunicaciones total colaboración con la autoridad, los obliga a realizar la localización geográfica en tiempo real de las comunicaciones que estén relacionadas con delincuencia organizada como son los delitos de secuestro, extorsión o amenazas, además de que se busca inhibir el robo de celulares y su uso para fines delictivos, especialmente los que se realizan desde las prisiones. Los concesionarios tendrán un plazo de 72 horas para entregar la información requerida por la PGR o procuradurías estatales.
Con estos cambios, se obliga además a los centros penitenciarios a tener equipo que permita bloquear o anular las señales de telefonía móvil, dentro de su perímetro.
Además, se deroga la obligación, establecida en el Renaut, de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones de llevar un registro y control separado de sus usuarios en todas las modalidades.
Los usuarios tendrán que aportar datos de los teléfonos que les sean robados, para que se desactiven permanentemente y se evite que sean usados por la delincuencia.
Desaparece también la obligación de los concesionarios de cancelar en forma inmediata las líneas de telefonía móvil que no hayan sido registradas por usuarios, y la Secretaría de Gobernación deberá informar al Congreso del uso de los datos contenidos en el Renaut.
Los concesionarios tampoco tendrán la obligación de solicitar, en los casos de contratación móvil, la credencial de votar emitida por el IFE, la CURP, pasaporte o constancia de domicilio oficial.
La desaparición del Renaut ya ha tenido reacciones por diversos organismos, entre ellos el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, el cual se congratuló por la decisión del Senado y avala la desaparición de este instrumento, pero al mismo tiempo le exigió a la autoridad, en este caso la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, informen cuál será el destino de la base de datos existente y como garantizarán su confidencialidad, en beneficio de los millones de ciudadanos que cumplieron con su obligación de manera honesta.
En resumen, si usted fue de los ciudadanos responsables que realizó el registro de sus datos como lo marcaba la ley, y se asustó cuando dijeron que si no lo hacía a tiempo le cancelarían la línea, pues de nada sirvieron esas preocupaciones pues nuestros legisladores dijeron que siempre no, que no funcionaba ese mecanismo y que era mejor desaparecerlo.
Gracias a nuestros legisladores por usarnos como conejillos de indias en sus estrategias para el combate a la delincuencia organizada. Si a palos de ciegos y haciendo experimentos nos encontramos, ahora queda claro porque no hay resultados.
Si cuando existía el Renaut había indicios que los “datos confidenciales” se vendían en el mercado negro, ahora con su desaparición quien nos garantiza que no caigan en manos de la propia delincuencia organizada.
A ver si la próxima legislatura no nos sale con que regresa el Renaut, al cabo lo que menos importa es la ciudadanía…
twitter: @miltoneloir
Por eso los mande por un tubo desde el principio, y lo de las bases de datos desde un principio esta en manos de criminales... ¬¬
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